Ha crecido en las últimas horas la sensibilidad de la población por los acontecimientos de dominio público relacionados con las víctimas de la inseguridad. La indignación se agudizó con la muerte de Isidro, un bebé de días, cuya madre, Carolina, recibió un balazo en una salidera bancaria, cuando el bebe todavía estaba en su seno.
Ya se escuchan los genuinos reclamos de los ciudadanos, exacerbados por los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, llegando a la organización cuasi espontánea de marchas y manifestaciones.
Es en este reclamo generalizado donde tiene principio un involuntario error de concepción de la sociedad de cuales son las raíces del problema. El repudio social se centra en la acción de los jueces, abogados y las fuerzas de seguridad. Y es aquí donde debemos hacer algunas precisiones y diferencias para poder reconocer claramente el núcleo duro del problema de la inseguridad.
Primeramente, debemos tener claro y seguro lo siguiente: los jueces actúan con el Código de Procedimientos en la mano y condenan con la referencia del Código Penal. No son ellos quienes deciden como actuar ni su experiencia o sentido común les dicta como condenar. Lo de las fuerzas de seguridad lo dejaremos para un párrafo aparte.
Lo que se debe saber es quien redactó y modifica el contenido de los pasos procesales de un código para una causa judicial, y quien define las penas a imponer que se encuentran en el Código Penal. Aquí viene la respuesta: el poder político. Más precisamente, el Poder Legislativo. Particularmente, el Congreso Nacional en lo penal y los provinciales en algunos aspectos de procedimientos. Digo el poder político porque estos legislativos responden al poder central de turno, a pesar de la división de poderes que consagra la Constitución.
Y si hablamos del poder político habrá que tener en cuenta que piensa este de la problemática de la inseguridad. La respuesta es de no criminalizar la cuestión social y menos aún la pobreza. Como ellos piensan que la delincuencia se da en sectores que matan, se drogan y roban porque no tienen sustento o cayeron del sistema laboral, argumentan que encima no deben ir presos o aumentar las condenas por los delitos cometidos.
¿Saben que es eso? Sentimiento de culpa. El poder político desde el retorno a la democracia no pudo resolver los problemas económicos sociales de la población y por lo tanto no experimenta la fortaleza de imponer su autoridad moral. Es como el padre que no impone límites a sus hijos porque que el problema de estos, empieza en él.
Lamentablemente, debemos reconocer que es la sociedad que mayoritariamente ha votado a estos poderes políticos que no sólo no resuelve los problemas sociales, sino que lo agravan con procedimientos que dejan en libertad a asesinos y peligrosos delincuentes, mezclados con pibes desahuciados de la droga y motochorros. Hay que reconocerlo: la provincia de Buenos Aires hace veinte años que está gobernada por los mismos políticos que año tras año agravó el problema, reforma Arslanián mediante.
Quien desee que este nivel de delito e inseguridad termine tendrá que votar a otros políticos que no avalen el concepto de no criminalizar la pobreza y la marginación. Relación que, por otra parte, no es así. Peor aún, el poder político en la Argentina ha sido más que permeable al narcotráfico que no sólo es parte en esta historia de delincuencia sino que ha enfermado a numerosos bolsones de jóvenes y adolescentes.
Me quedan dos párrafos aparte. El primero para las fuerzas de seguridad, más allá del respeto que debe logar la institución. Pero debe sincerarnos y reconocer que no es minoritario el personal que ha sucumbido ante la corrupción y connivencia con el delito. En algunos casos, tal vez no directamente. Solo con recibir algún dinero con el fin de mirar para otro lado, ya los convierte en parte del problema.
El último párrafo es para pedirte que le preguntes a un estudiante de derecho con que libros estudia y cual es la bibliografía de cabecera en cuanto al tema penal y delictivo se refiere.
Salvo que vaya a una universidad con otros valores como puede ser una relacionada con el cristianismo o catolicismo, te va a responder un nombre. Se referirá a un ministro de la Corte Suprema que ha contagiado sutilmente el pensamiento del poder político de una visión ideologizada del delito y la criminalidad. Pensamiento en el cual robar no es lo que socialmente entendemos por robar ni violar es lo que cualquiera podría experimentar si esto le sucediera. Te dejo como inquietud para que averigües el nombre.
Ya se escuchan los genuinos reclamos de los ciudadanos, exacerbados por los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, llegando a la organización cuasi espontánea de marchas y manifestaciones.
Es en este reclamo generalizado donde tiene principio un involuntario error de concepción de la sociedad de cuales son las raíces del problema. El repudio social se centra en la acción de los jueces, abogados y las fuerzas de seguridad. Y es aquí donde debemos hacer algunas precisiones y diferencias para poder reconocer claramente el núcleo duro del problema de la inseguridad.
Primeramente, debemos tener claro y seguro lo siguiente: los jueces actúan con el Código de Procedimientos en la mano y condenan con la referencia del Código Penal. No son ellos quienes deciden como actuar ni su experiencia o sentido común les dicta como condenar. Lo de las fuerzas de seguridad lo dejaremos para un párrafo aparte.
Lo que se debe saber es quien redactó y modifica el contenido de los pasos procesales de un código para una causa judicial, y quien define las penas a imponer que se encuentran en el Código Penal. Aquí viene la respuesta: el poder político. Más precisamente, el Poder Legislativo. Particularmente, el Congreso Nacional en lo penal y los provinciales en algunos aspectos de procedimientos. Digo el poder político porque estos legislativos responden al poder central de turno, a pesar de la división de poderes que consagra la Constitución.
Y si hablamos del poder político habrá que tener en cuenta que piensa este de la problemática de la inseguridad. La respuesta es de no criminalizar la cuestión social y menos aún la pobreza. Como ellos piensan que la delincuencia se da en sectores que matan, se drogan y roban porque no tienen sustento o cayeron del sistema laboral, argumentan que encima no deben ir presos o aumentar las condenas por los delitos cometidos.
¿Saben que es eso? Sentimiento de culpa. El poder político desde el retorno a la democracia no pudo resolver los problemas económicos sociales de la población y por lo tanto no experimenta la fortaleza de imponer su autoridad moral. Es como el padre que no impone límites a sus hijos porque que el problema de estos, empieza en él.
Lamentablemente, debemos reconocer que es la sociedad que mayoritariamente ha votado a estos poderes políticos que no sólo no resuelve los problemas sociales, sino que lo agravan con procedimientos que dejan en libertad a asesinos y peligrosos delincuentes, mezclados con pibes desahuciados de la droga y motochorros. Hay que reconocerlo: la provincia de Buenos Aires hace veinte años que está gobernada por los mismos políticos que año tras año agravó el problema, reforma Arslanián mediante.
Quien desee que este nivel de delito e inseguridad termine tendrá que votar a otros políticos que no avalen el concepto de no criminalizar la pobreza y la marginación. Relación que, por otra parte, no es así. Peor aún, el poder político en la Argentina ha sido más que permeable al narcotráfico que no sólo es parte en esta historia de delincuencia sino que ha enfermado a numerosos bolsones de jóvenes y adolescentes.
Me quedan dos párrafos aparte. El primero para las fuerzas de seguridad, más allá del respeto que debe logar la institución. Pero debe sincerarnos y reconocer que no es minoritario el personal que ha sucumbido ante la corrupción y connivencia con el delito. En algunos casos, tal vez no directamente. Solo con recibir algún dinero con el fin de mirar para otro lado, ya los convierte en parte del problema.
El último párrafo es para pedirte que le preguntes a un estudiante de derecho con que libros estudia y cual es la bibliografía de cabecera en cuanto al tema penal y delictivo se refiere.
Salvo que vaya a una universidad con otros valores como puede ser una relacionada con el cristianismo o catolicismo, te va a responder un nombre. Se referirá a un ministro de la Corte Suprema que ha contagiado sutilmente el pensamiento del poder político de una visión ideologizada del delito y la criminalidad. Pensamiento en el cual robar no es lo que socialmente entendemos por robar ni violar es lo que cualquiera podría experimentar si esto le sucediera. Te dejo como inquietud para que averigües el nombre.
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